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Castilla y León gastará 2,5 millones al día en atender a las personas en situación de dependencia

La consejera de Familia, Isabel Blanco, presentó ante las Cortes los presupuestos más altos de su historia, con 1.368 millones para dinamizar el colectivo de los mayores, apoyar a las familias y potenciar el futuro de los jóvenes

Redacción EM 11-03-2024

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Isabel Blanco, durante su intervención en las Cortes para desgranar en qué invertirá el presupuesto de su departamento para este año.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, compareció, recientemente, ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León con el objetivo de explicar las líneas estratégicas, las partidas y las futuras actuaciones en el ámbito de su competencia que se integran en el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad para 2024.

Unas cuentas, como apuntó la titular de Familia, que vienen a consolidar un modelo innovador de Servicios Sociales, moderno, cercano a familias y personas, generador de empleo y oportunidades, comprometido en la lucha contra las desigualdades y dinamizador del territorio. Además, añadió, “el sistema social castellano y leonés se encuentra a la vanguardia de la atención social, reconocido a nivel nacional, por lo que se han presentado unos presupuestos a la altura, diseñados para las personas y sus necesidades”.

De este modo, la cuantía global con la que contará la consejería que dirige Isabel Blanco alcanzará los 1.368 millones de euros, lo que supone un incremento del 8,31%, es decir, 105 millones más que la de 2023. De esta cantidad, las partidas destinadas directamente a las familias, entidades y corporaciones locales que prestan servicio en favor del bienestar de las personas han crecido casi un 10% y ya alcanzan los 660 millones de euros.

LA DEPENDENCIA, UN PILAR ESTRATÉGICO 
Isabel Blanco hizo hincapié, al principio de la comparecencia, en las que son las líneas estratégicas del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades: las familias, igualdad y oportunidades, el sistema de cuidados y la necesidad de impulsar los servicios en el mundo rural

Si nos centramos en las dos últimas áreas, el refuerzo del sistema de cuidados y asistencial a las personas dependientes y de la mejora de la calidad de los servicios es una prioridad muy destacada para este Gobierno, que confirma su apuesta decidida por el gasto social. Un presupuesto se dispara hasta los 892 millones, un 11,43% más que en 2023, lo que supone, indicó la consejera, gastar 2,5 millones al día en atender a las personas en situación de dependencia de Castilla y León.

En este contexto, Blanco aludió al incumplimiento del Gobierno central de su obligación legal de aportar el 50% de la financiación de los cuidados a las personas en esta situación, ya que no supera el 32,75%, teniendo las arcas de la Administración autonómica que aportar el 67,25% restante. Aún con todo, la atención a la dependencia en Castilla y León es la más exitosa de España, una primera posición que se viene repitiendo desde hace una década. El último Observatorio de la Dependencia otorgó a la Comunidad una nota del 8,5, un sistema que atiende a 122.589 personas a través de 168.591 prestaciones. La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades quiso destacar, precisamente, los 235 millones de euros –un 17,5% más– que se reservan para prestaciones económicas, tanto para cuidados en el entorno familiar o las prestaciones vinculadas al servicio. Y también cómo el programa ‘A gusto en casa’, mediante el que se asiste y atiende a las personas dependientes en su propio hogar, ha triplicado su presupuesto –pasa de 2,68 millones en 2023 a 8,2 en 2024– o el notable incremento de 80,5 millones en la ayuda a domicilio. La atención a la dependencia se encuadra dentro de un sistema complejo, explicó Isabel Blanco, pero que se va actualizando día a día, en el que se apuesta por la innovación, por la valoración de los profesionales, por la prestación de servicios en centros propios o mediante las entidades locales y que cuenta con una amplia gama de prestaciones económicas vinculadas a estos servicios.

Por último, y enlazado con la línea estratégica anterior, la consejera dio detalles de la línea centrada en el fuerte carácter rural del presupuesto y en la necesaria colaboración con las entidades locales en la prestación de la atención social, ya que es objetivo de la Junta de Castilla y León garantizar los servicios y recursos a todas las personas, independientemente de dónde vivan. Precisamente, a través del presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades se financia el nuevo acuerdo marco de colaboración con las corporaciones locales en materia social: 175 millones de euros al año hasta superar los 700 correspondientes al periodo 2024–2027, lo que equivale a un 57% más en comparación con la cantidad inicial del anterior texto. En el ahora vigente acuerdo marco, se reflejan subidas en todas las áreas, especialmente en la atención a la dependencia, con un 19% de incremento hasta los 104 millones; en las ayudas de urgencia social y protección a las familias, que crecen un 16,9% y alcanzan los 34,2 millones; y en los equipos de atención social básica que, con 33,75 millones de presupuesto, que han aumentado un 10,47%.

COMPROMISO CON LAS PERSONAS CON DEPENDENCIA
Del total de 892 millones, el 11,43% más y 2,5 millones al día se dirigen a atención a las personas dependientes. Destacan también los 235 destinados a las prestaciones –un 17,5% más– y los 38,4 millones que se dedicarán a obras, con un aumento del 12%.

En cuanto a infraestructuras, en obra nueva se licitará la residencia y centro de día de Ávila (2,2 millones de un total de 27) y se realizará la construcción del centro residencial y diurno de Zamora (10,7 millones de los 24,5 totales). Se llevarán a cabo intervenciones para reconvertir plazas para dependientes e implantar el modelo de unidades de convivencia en las residencias de Benavente, Burgos I, La Armunia (León), las asistidas de Segovia y Valladolid y la de personas mayores en el barrio vallisoletano de Parquesol, además de otras intervenciones menores y las correspondientes actuaciones de mantenimiento, renovación de mobiliario y equipamiento por valor de 3,7 millones.

Sin embargo, la gran apuesta de la Junta es por un modelo que combina la atención en centros residenciales con el cuidado en el propio domicilioLa expansión del programa ‘A gusto en casa’ se observa en que su dotación se multiplica por tres –ya llega a 2.500 personas en 631 municipios–, pero también crece considerablemente, un 22 %, el programa ‘INTecum’ hasta alcanzar los 4,5 millones. Este programa para personas con enfermedad terminal o crónica se ha reforzado con la aplicación del ‘protocolo ELA’ y el aumento del apoyo a este colectivo, cuya asociación, ELACyL, recibirá 250.000 euros anuales con base presupuestaria desde este ejercicio.

El servicio de Ayuda a Domicilio, que ya supera los 39.000 usuarios, recibe un fuerte impulso con el incremento de 80,5 millones, que se articulan a través del Acuerdo Marco con las entidades locales. De ellos, 70,7 millones están dirigidos a dependientes y 9,8 a menores en situación en riesgo de desprotección. La ayuda a domicilio alcanzará un presupuesto de 396,35 millones durante los cuatro años de vigencia. En 2023 se aumentó de manera considerable tanto la intensidad horaria como los supuestos de gratuidad. De gran importancia es el desarrollo que está viviendo el servicio de Teleasistencia Avanzada, gratuito desde 2022 y con 45.000 beneficiarios en 2023.

Cabe señalar el esfuerzo presupuestario de la Junta para seguir impulsando la incorporación de las nuevas tecnologías en el sistema de cuidados, que se lleva a cabo con las entidades del Tercer Sector, los centros tecnológicos y las universidades, para lo que se destinarán 5,4 millones.

En relación con las prestaciones que otorga la Junta a personas dependientes, se van a continuar incrementando tanto las cuantías como las coberturas, así como la inversión en innovación tecnológica, para alcanzar este año los 374,14 millones.

Por último, en este ámbito, la Fundación de Apoyos y Acción Social de Castilla y León recibirá 4,02 millones, es decir, crece un 5 %, para continuar prestando servicio a las personas con discapacidad en el ejercicio de su personalidad jurídica de acuerdo con la legislación de 2021, que elimina la incapacitación. En 2023 se hizo cargo de 3.371 personas.

En esta contexto, hay que destacar la apuesta por el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, un colectivo con más de 631.000 individuos, el 26,48% de la población de Castilla y León. La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades ha presupuestado 309,3 millones, es decir, 34 millones más, lo que supone un aumento del 12,3%. En primer lugar, destaca el ‘Plan de acción de Castilla y León contra la soledad no deseada y el aislamiento social 2022–2025’, en el que se integra un amplio abanico de medidas tato de acompañamiento como de sensibilización para evitar este tipo de situaciones. Muy relacionado con ello está el ‘Programa Interuniversitario de la Experiencia’, que contará en 2024 con 259.000 euros. Una iniciativa reconocida a nivel nacional, que este curso ha batido todos los récords de matriculaciones y que favorece el acceso al conocimiento y la cultura de los mayores a través de clases presenciales y online. Además, se continuará con el ‘Programa de Acercamiento Intergeneracional’ de convivencia entre mayores y universitarios –8.000 participantes el año pasado– y el ‘Programa de promoción del asociacionismo en el medio rural’, para apoyar a las más de 1.900 asociaciones de jubilados y pensionistas de la Comunidad.

Precisamente, en el ámbito del envejecimiento activo, se financiarán dos nuevas actuaciones: el desarrollo de una aplicación para facilitar el acceso a la información de todas las actividades que lleven a cabo tanto entidades como y administraciones; y el acercamiento de actividades culturales a los centros de día, como el cine y las actividades de debate. Unas acciones de envejecimiento activo que se articularán a través de las asociaciones de jubilados y pensionistas a través de una subvención por valor de 520.470 euros.

Para finalizar, hay que resaltar que las personas con discapacidad son una prioridad en el presupuesto de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, pues se destinan 213,8 millones de euros, con un incremento del 6,36%, es decir, 12,8 millones más. El primer ámbito de actuación en relación con este colectivo es su acceso al empleo, con una dotación de 9,4 millones y un aumento del 24,6 %.  Si bien hasta ahora se ha venido apostando –y se continuará haciendo en el futuro– por los itinerarios de empleo –4.700 participantes en 2023– y la financiación de viviendas y apoyos a la vida independiente, este año se va a impulsar la figura del asistente personal como alternativa laboral para las personas con discapacidad, para ofrecerles un nuevo nicho de empleo. La segunda área es la relacionada con la Atención Temprana, para lo que se dedicarán 5 millones de euros y así continuar atendiendo al 100 % de la demanda –3.400 menores en 2023–. Y, el tercero, son las actuaciones de promoción de la autonomía personal y el apoyo a familias y cuidadores, partidas que se articulan a través del Tercer Sector por valor en 2024 de 11,5 millones de euros. En cuanto a inversiones, con un aumento del 37,8%, se destinarán 7,8 millones para sufragar la nueva unidad de valoración de León y la reforma de centros propios en Burgos y Soria.

OTROS PILARES ESTRATÉGICOS
Una de ellas está centrada en el apoyo prioritario a las familias de Castilla y León, para las que se destina un total de 152,93 millones de euros. En este ámbito de actuación destacan los 52,1 millones en ayudas directas a los núcleos familiares de la Comunidad. El objetivo es extender el apoyo a más de 45.000 familias a través de un incremento presupuestario del 2,67 %, que irá a parar, fundamentalmente, a programas que favorecen la natalidad –20 millones para el ‘Bono Nacimiento’– o la conciliación, con 11 millones para las subvenciones del ‘Bono Concilia’.

También destaca el espaldarazo a la igualdad de oportunidades, tanto entre hombres y mujeres como para las familias y el resto de los colectivos más vulnerables. Un total de 290,4 millones de euros para una protección social que debe alcanzar a toda aquella persona que lo necesite, independientemente de sus circunstancias sociales y personales.


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